La mayoría de los conductores que dan positivo en alcohol o drogas son detectados en controles preventivos realizados bien por la Policía Local, la Policía Autonómica o la Guardia Civil

De hecho, es frecuente que estos controles que son aleatorios y pueden colocarse tanto en vías principales como secundarias se realicen en periodos festivos, estivales, o coincidiendo con una mayor movilidad, por ejemplo, los fines de semana o en la celebración de un evento.

Además, hay otro tipo de controles, algunos son obligatorios, por ejemplo, porque se ha producido un accidente de tráfico, y otros son a solicitud de los agentes de la Policía, que pueden optar por realizar un control de alcoholemia a un conductor si observan signos que sugieren que ha consumido alcohol o drogas.

 Pero, ¿se puede negar esta persona a realizar dicho control?

Toda persona que sea requerida por un agente para hacer una prueba de detección de alcohol u otras sustancias debe someterse a ella. El alcoholímetro no se puede evitar, a menos que se vaya contra la legalidad.

 ¿Cuál es el marco legal?

Los controles de alcoholemia son una herramienta esencial para garantizar la seguridad vial. Están regulados por la Ley de Seguridad Vial y el Código Penal, y su incumplimiento puede acarrear graves consecuencias tanto administrativas como penales. Negarse a someterse a estas pruebas no es una simple decisión personal: es una conducta que puede ser considerada delito, con implicaciones serias para el conductor. El artículo 383 del Código Penal tipifica como delito la negativa injustificada a realizar estas pruebas, considerándola una desobediencia grave a la autoridad.

 ¿Cuáles son las consecuencias que puede acarrear la negativa?

Si no se considera delito, se tratará como una infracción administrativa muy grave. En estos casos, el conductor se enfrenta a una multa que puede oscilar entre los 500 y 1.000 euros, además de la pérdida de seis puntos del carnet de conducir. Esta sanción se aplica independientemente de que el conductor haya consumido o no alcohol porque lo que se está penalizando es la falta de colaboración con las autoridades.

 ¿Puede tener consecuencias penales?

Será necesario analizar las circunstancias en las que se produce esta negativa, ya que pueden ser agravantes. Por ejemplo, tras un accidente, durante un control preventivo o si demuestra síntomas evidentes de embriaguez. En estos casos se considera delito y las penas pueden incluir prisión de seis meses a un año y la retirada del permiso de conducir por un periodo de uno a cuatro años. Estas sanciones son más severas que las que se aplican por conducir bajo los efectos del alcohol, lo que demuestra la gravedad con la que se trata esta conducta.

 Algunos consejos…

Ante un requerimiento policial para realizar una prueba de alcoholemia, lo más recomendable es colaborar. Negarse a realizar un control de alcoholemia en España es una decisión que puede tener consecuencias muy serias. Tanto en el ámbito administrativo como en el penal, las sanciones buscan proteger la seguridad vial y reforzar la autoridad de los agentes. Por ello, la mejor forma de evitar problemas es cumplir con la normativa y colaborar con las autoridades.

Recuerda que en MURUA ABOGADOS estamos especializados en accidentes de tráfico y defendemos tus derechos como víctima Nos puedes contactar AQUÍ