La climatología invernal deja al descubierto el mal estado de algunos elementos de la vía pública. A consecuencia de la lluvia, el hielo o la nieve, es más probable que podamos tropezar o caernos, pero ¿de quién es la culpa: del Ayuntamiento, del viandante o del tiempo?

A continuación, resolvemos algunas dudas sobre la responsabilidad patrimonial y el derecho a exigir una indemnización.

¿Qué es la responsabilidad patrimonial de la Administración?

Es la responsabilidad que la Administración asume cuando se causan daños o lesiones a una persona o bien, como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos municipales.

¿Cuál es el plazo para ejercitar la acción de responsabilidad patrimonial?

Un año desde que se produzcan los daños. En el caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empieza desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.

¿Qué requisitos ha de reunir el daño para que sea objeto de indemnización?

El daño ha de ser concreto, verificable, evaluable económicamente e individualizado respecto de persona o grupo de personas. No son indemnizables los daños derivados de negligencia o descuido del particular, ni los derivados de la intervención de un tercero.

¿Y si el daño se produce a causa de meteorología extrema?

En el caso de que los daños sean debidos por  condiciones meteorológicas extraordinarias, provocadas por la nieve, o viento el  ciudadano puede reclamar al Consorcio de Compensación de Seguros si tiene un seguro con cobertura.

¿Qué pruebas hay que aportar?

Hay que aportar el relato de los hechos, concretando con claridad y exactitud fecha, hora y lugar, a ser posible apoyado con testigos y atestado e informes médicos, a fin de acreditar la relación de causalidad entre el perjuicio y el servicio público

¿Qué es la relación de causalidad?

Es la relación causa-efecto entre el funcionamiento de los servicios públicos y el daño o lesión que se denuncia.

En 2021, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz pagó 136.500 euros en indemnizaciones por lo que se denomina responsabilidad patrimonial, tras recibir 26 resoluciones judiciales, que suponen más del doble de los tres últimos años. 

Sin embargo, la mayoría de las reclamaciones interpuestas por la ciudadanía muere en el recorrido administrativo y sólo el 16,5% de las demandas acaba en vía judicial. De estas, alrededor de la mitad dan la razón a la Administración y la otra mitad al ciudadano.

Por ello, es importante acudir a un abogado especializado para hacer defender tus derechos en caso de sufrir un daño por un mal funcionamiento de un elemento o servicio público. En Murua Abogados te asesoraremos en tu reclamación para que puedas percibir la indemnización que te corresponde. Llámanos